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Repudio ala decisión de la Corte Suprema de Justicia de EE UU de rechazar la apelación del gobierno argentino contra el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Tales medidas tienen lugar en medio de la disputa judicial que nuestro país mantiene con los Fondos Buitre por el pago a los fondos Aurelius, NML y un grupo de 13 ahorristas de US$ 1330 millones más intereses en efectivo.

A su vez, celebramos la decisión del gobierno nacional de rechazar la extorsión de los Fondos Buitre y del Poder Judicial norteamericano, afirmando la soberanía y la viabilidad económica y social de la Nación. De esta manera, se intenta resguardar lo avanzado en el proceso de desendeudamiento,  renegociación y quita de la deuda externa de 2005 y 2010, así como en el pago al FMI, medidas que permitieron - junto a la expropiación de la mayoría accionaria de YPF - reafirmar la soberanía nacional y generar las condiciones para tender a mejorar el nivel de vida de los sectores populares. En las décadas de los años 80 y 90, gobiernos democráticos elegidos por amplias mayorías populares, aplicaron a rajatabla los mandatos del Consenso de Washington que incluían privatizaciones de servicios públicos,  focalización de políticas sociales, flexibilización y precarización laboral en el marco de un proceso de endeudamiento para salvaguardar las variables macroeconómicas. Así, aceptaron sumisamente la cesión de la soberanía jurídica en materia de emisión de deuda, a favor de tribunales de países que controlan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En los últimos años, producto del proceso de nacionalización de las empresas que habían sido privatizadas, el gobierno tuvo que enfrentar juicios entablados por multinacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial. Estos fueron posibles por la firma de los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TBI) durante la década de 1990. Ahora, el condicionamiento ya no proviene del Banco Mundial sino nada menos que del sistema judicial norteamericano, lo que implica una clara extorsión a un país soberano que busca compatibilizar la reestructuración de su deuda externa con el desarrollo económico y social.Consideramos que, más allá de las diferentes posiciones con respecto al tratamiento de la deuda, y sin adoptar posiciones intransigentes o inviables dadas las actuales relaciones de fuerza que le significarían una pesada carga a la sociedad argentina, se trata de avanzar en la negociación  dentro de los límites que impone la necesidad de preservar los intereses de la mayoría de la población, sin agregar nuevos condicionamientos a la soberanía nacional.