El grupo de estudios en Políticas Públicas y Salud Mental perteneciente al CETSyS, FTS - UNLP en el marco de las presentaciones realizadas por organismos de Derechos Humanos, así como las actuaciones iniciadas por la justicia contencioso administrativa en lo referente a la situación de las personas internadas en el Hospital Neuropsiquiatrico Dr. Alejandro Korn de la localidad de Melchor Romero, Partido de La Plata,  entendemos que constituyen una oportunidad para discutir políticamente la situación de la salud mental en nuestra provincia.

Dichas presentaciones han permitido potenciar la visibilidad en la agenda pública respecto a las condiciones de alojamiento y tratamiento vulneradoras de derechos, de la integridad y dignidad de las personas allí alojadas.
En este sentido acompañamos los pedidos de diversos organismos y organizaciones a fin de que se instrumenten acciones urgentes por parte de las autoridades con competencia inmediata (Ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires) a fin de resguardar la integridad psicofísica de las 800 personas allí internadas.

Sin embargo como grupo de estudios queremos remarcar la gravedad de la situación en materia de salud mental y adicciones en nuestra provincia en el cumplimiento efectivo de los lineamientos de la Ley Nacional 26657, que exige una lectura en perspectiva de totalidad que permitan colocar y comprender los hechos denunciados en su complejidad, a fin de definir una agenda estratégica y potenciar alianzas de actores relevantes, con capacidad de incidencia y decisión bajo ejes de acción que no subsuman su potencialidad instituyente a la humanización de las estructuras manicomiales.

Lejos de obedecer a factores coyunturales entendemos que las prácticas denunciadas son expresión cristalizada del complejo asilar tutelar durante años legitimado como ordenar de la modalidad de atención en la materia.
En este punto no queremos dejar de mencionar que este tipo de instituciones aun con mayor presupuesto y más personal imponen un límite constrictivo a cualquier práctica de derecho, una institución de encierro y de segregación no puede ser pensada como espacio restitutivo de derechos. De este modo, acompañamos la exigencia por definir un plan estratégico y la toma de medidas que permitan un tratamiento digno de las personas aún recluidas, pero queremos resaltar que un tratamiento digno exige como piso básico el cese de su reclusión manicomial.

1 Nos referimos al pedido de medida cautelar solicitada por el CELS; y la medida cautelar dictada por Luis Federico Arias, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata. El recurso para que el poder judicial indague en el fallecimiento de 133 pacientes en el Hospital Alejandro Korn de La Plata, realizado por la Comisión por la Memoria de la Provincia. Las declaraciones de distintas entidades gremiales y organizativas.
A menudo se menciona que hay personas que por sus condiciones nunca podrán vivir en comunidad sin un apoyo institucional. No desconocemos ello, pero es necesario fundar apoyos institucionales que puedan subvertirse a la permanencia manicomial.

Al mismo tiempo se escucha un eufemismo, es necesario más recursos para trabajar la externación, esta afirmación encierra una contradicción peligrosa. ¿Es posible que solamente con la mejora de las condiciones de reclusión y la mejora en las condiciones de trabajo sea la clave de la política de desmonte de estas instituciones de encierro?...
Nosotros creemos que en términos de política institucional es necesario instar mesas de trabajo, estrategias y asignaciones presupuestarias que activen compromisos intersectoriales serios y consistentes planes habitacionales, programas de empleo, unidades convivenciales asistidas, programas de documentación accesibles, programas de apoyo y acompañamiento para la vida diaria.

Es fundamental avanzar hacia un abordaje intersectorial y no exclusivamente del sector salud. La actual vulneración de derechos exige revisar la complejidad jurídica asistencial, el entramado de prácticas judiciales que en nombre de la protección han avasallado el status de persona de los y las usuarias, de prácticas asistenciales que por años han considerado posible producir salud mediante una maquinaria institucional de la violencia y al servicio de la violencia de la segregación.

Creemos prioritario como trabajadores del campo de la salud poder acompañar activamente el proceso exigido por la Ley Nacional de SUSTITUCIÓN DEFINITIVA de las instituciones monovalentes. De este modo LAS ENTIDADES GREMIALES pueden resultar EJES CLAVES PARA MOTORIZAR la participación de todos los trabajadores del sistema, no solo como tema de los trabajadores de estructuras monovalentes. Entendiendo que la necesidad social de un manicomio nace de las problemáticas de la salud mental y las adicciones, siendo extranjerizadas y segregadas en la órbita de un centro de salud, de un hospital general y de una comunidad en general.

Otro eje sustancial lo constituye la revisión de los planes de formación, tanto en la formación universitaria como terciaria y de posgrado. ¿De qué manera se articulan los programas pedagógicos formativos, los programas de las residencias en salud, a los principios planteados en la Ley Nacional de Salud Mental?

Este debate debe contener la lucha por mejores condiciones salariales pero también la lucha por la participación y el monitoreo de las asignaciones presupuestarias y de recursos humanos a fin de poder monitorea su empleo en prácticas instituyentes y no al mero engrosamiento de plantillas en servicios de reclusión.

Es necesario avanzar en una agenda que contemple la situación de las personas asiladas (en instituciones públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires) pero también la del acceso a la atención de la población bonaerense cuya salud mental requiere de dispositivos en el primer y segundo nivel de atención.

Nos parece grave que la provincia no cuente aún con un plan provincial que permita definir un lineamiento de política en materia de salud mental. Como así también la decisión política respecto al reordenamiento presupuestario y programático consecuente para la creación o fortalecimiento de servicios sustitutivos de base territorial.
Marcamos con preocupación la persistencia de la apertura de internaciones en estructuras asistenciales monovalentes. En este sentido entendemos que es prioritario cesar el ingreso de nuevos usuarios, en estas estructuras.
Asimismo nos preocupa que la respuesta del Ministerio de Salud sea acompañar la reinauguración de una sala de psicogeriatría en una institución manicomial.

Al mismo tiempo, resaltamos con preocupación las respuestas interdisciplinares e intersectoriales insuficientes en relación a la niñas/os y adolescentes en materia de salud mental.
Una estructura de defensa para el caso de internaciones involuntarias que podemos inferir deficitaria y la persistencia de prácticas tutelares en el sistema de contralor judicial, ello en función de los trabajos de indagación realizados y de nuestras experiencias como trabajadores del sistema.

Por lo expuesto:

Urgente toma de medidas para la preservación física psíquica de las personas internadas.
Urgente cierre de internaciones en instituciones manicomiales (públicas y privadas)
Urgente puesta en marcha de un plan provincial con capacidad de organización programática.
Urgente aumento del presupuesto en el sector con contralor de estándares de derecho sobre dicha ejecución.
Urgente activación del órgano de revisión provincial con participación de los sindicatos, las universidades, los usuarios y los ministerios.
Urgente creación y fortalecimiento de dispositivos sustitutivos.